Un jugador del CF Fuenlabrada, equipo que se encuentra aislado en un hotel de A Coruña después de que varios futbolistas de su plantilla dieran positivo por coronavirus, ha sido trasladado este viernes a un hospital de la localidad gallega tras sentirse «indispuesto», aunque su estado no reviste gravedad, informó el club madrileño.
Según el medio 'La Voz de Galicia', se informa de que el jugador trasladado padece de coronavirus y que ha sufrido un desvanecimiento.
«En la mañana de hoy un jugador del CF Fuenlabrada se ha sentido indispuesto y ha sido trasladado al hospital de A Coruña. No reviste gravedad y se ha decidido trasladarle al hospital por precaución», señaló el equipo en un comunicado.
Asimismo, el Fuenlabrada pidió a los medios de comunicación que respeten la identidad del jugador afectado y «mucha prudencia» a la hora de informar de la salud de los mismos.
Este jueves el Fuenlabrada informó que cuenta con 12 jugadores que han dado positivo por coronavirus en su expedición de A Coruña, y que ascienden hasta 16 el número de casos sumando los que no viajaron al partido aplazado el pasado lunes contra el Deportivo, correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank.
Primeras condenas contra gobiernos españoles por la pandemia
Durante la crisis del coronavirus muchos de los sanitarios que han desarrollado sus funciones lo han hecho sin las medidas de protección adecuadas, y ahora así lo han denunciado ante los tribunales para reivindicar sus derechos. El principal factor ha sido la escasez de material con el que han tenido que hacer frente a la pandemia mundial más grande que se recuerda en los últimos años y lo cierto es que varias sentencias empiezan a dar la razón a los sanitarios.
Las sentencias se encuentran en fallos realizados por los juzgados sociales de Teruel y Huesca y la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco. De hecho, han coincidido que los sanitarios han trabajado sin las condiciones adecuadas como para protegerse del virus, con lo que han arriesgado sus vidas y la de los pacientes. La condena, además, insta a los gobiernos regionales a proporcionar material suficiente en caso de que exista una situación similar.
El pasado 3 de junio, tal y como apunta el medio ‘Eldiario.es’, la magistrada Elena Alcalde del Juzgado de los Social de Teruel sentenció que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la Diputación General de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud habían vulnerado los derechos de prevención de riesgos de funcionarios, personal estatutario y personal laboral «poniendo en riesgo grave su vida, integridad física y salud, y lesionando su derecho a la integridad física y a la protección de la salud». Una sentencia muy parecida fue la que manifestó Eduardo José Bernués Mateos, del Juzgado de lo Social en Huesca.