El próximo martes 17 de mayo, tendrá lugar en el Congreso de los Diputados una votación que promete cambiar la ley del aborto en nuestro país. Cuando el tema está de rabiosa actualidad después de conocerse que Estados Unidos quiere prohibirlo, el Ministerio de Igualdad da un paso al frente.
Irene Montero quiere que en la sanidad pública pueda realizarse la interrupción voluntaria del embarazo y que se derogue la necesidad de autorización paterna para las adolescentes.
La futura nueva ley del aborto en España
El Gobierno se encuentra negociando uno de los temas más delicados que pueden existir en la sociedad actual. Hace unos días, las estadounidenses saltaron a las calles para protestar ante la idea de su gobierno de prohibir el aborto.
Manifestaciones a favor y en contra de esta medida inundaron las calles provocando algún que otro altercado. En nuestro país todavía la sangre no ha llegado al río, pero la renovación de la ley del aborto promete dar mucho de qué hablar.
El Ministerio dirigido por Irene Montero quiere dar un paso más allá para facilitar las cosas a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Para ellos, se encuentra debatiendo un texto que reunirá los puntos de la futura nueva ley del aborto.
El proceso está en fase de negociaciones, pero se espera que la semana próxima se proceda a su votación en el Consejo de Ministros. Los dos puntos a tener en cuenta son, por un lado, que se pueda realizar un aborto en la sanidad pública.
Hasta ahora, la mayoría de las interrupciones del embarazo se realizan mediante clínicas privadas. La Administración concierta con ellas el servicio y las mujeres no pagan por él, eso sí, solo en casos específicos. Con la nueva ley, se pretende cambiar este punto y hacer extensible esta práctica a todas las comunidades, pues en ocasiones, las mujeres debían cambiar hasta de provincia.
El segundo punto es el que más debate genere pues guarda relación con las adolescentes que deseen abortar. Hoy en día, las jóvenes de 16 y 17 años necesitan consentimiento paterno para interrumpir el embarazo, requisito impuesto por el PP en 2015. La reforma pretende derogar esta obligatoriedad y permitir que las chicas de estas edades puedan hacerlo sin permiso.
Otras medidas a favor de los derechos de la mujer
Son varios meses los que el Gobierno lleva negociando el texto que acompañará a la nueva ley. En él se estudia otros puntos a tener en cuenta que también afectan a las mujeres embarazadas.
Por ejemplo, considerar a la gestación subrogada como un tipo de violencia. O que las mujeres tengan derecho a una prestación a partir de la semana 36 de embarazo hasta que den a luz. El objetivo es proteger la salud materna y que sea independiente al reconocido tras el nacimiento.
Además, hace días que se viene rumoreando la idea de Irene Montero de reconocer como baja laboral las menstruaciones dolorosas. Hay mujeres que este tipo de molestias les imposibilita ejercer su trabajo con normalidad y su deseo es protegerlas.
El Ministerio de Igualdad también trabaja para intentar bajar el IVA del 10% de los productos de higiene femenina y menstrual.
Pero sin duda, el más ambicioso es conseguir que en los centros sanitarios públicos se puedan realizar abortos. En este sentido, la ministra apeló al ejemplo de la actual ley de eutanasia para realizar un informe de aquellos profesionales objetores de conciencia.
El próximo martes 17 de mayo se procederá a la votación de todas estas medidas dirigidas a blindar los derechos de la mujer.
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