Tras finalizar el primer estado de alarma en junio de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez pudo asegurar el mantenimiento de las restricciones sin un plan alternativo. España llevaba apenas tres meses confinada, y además el rápido descenso de los contagios permitió una progresiva desescalada sin demasiados sobresaltos.
La situación ahora es muy diferente. Un año de restricciones ha acabado con la paciencia de la gente y, además, la situación epidemiológica exige aún medidas contundentes para frenar los contagios. El Gobierno creía que podría volver a la normalidad sin un plan alternativo, pero las primeras horas sin estado de alarma han sido un caos.
Con el fin del estado de alarma y la supresión del toque de queda, las calles se llenaron de jóvenes sin vacunar y sin mascarilla en actitud de celebración. No faltó de nada: botellones y fiestas en la calle, enfrentamientos con la policía, e incluso actos de vandalismo mientras las UCI se siguen llenando en varios lugares de España. Son las consecuencias de haber salido del estado de alarma sin la reforma legislativa que pedían el resto de partidos.
Tras la situación de caos generada en las últimas horas, el Gobierno se abre por primera vez a una reforma legislativa para dar cobertura a las restricciones. Mientras tanto, las comunidades autónomas seguirán a expensas de los tribunales, que son proclives a permitir las restricciones en la actividad económica (como los aforos y horarios comerciales) y a tumbar la limitación de derechos fundamentales (como el toque de queda, los confinamientos y las reuniones sociales).
El PP lleva un año pidiendo desde la oposición una reforma legislativa para dar seguridad jurídica e instrumentos a los gobierno autonómicos. Una petición que ha sido compartida en numerosas ocasiones incluso por partidos próximos al Gobierno, que entienden que la nueva situación exige una actualización de la legislación sanitaria.
El Gobierno, reacio hasta ahora a modificar la ley, ha reforzado el papel de árbitro del Tribunal Supremo: en el último Consejo de Ministros se modificó el procedimiento para que las comunidades puedan recurrir al alto tribunal si sus medidas son rechazadas en primera instancia. Así lo ha asegurado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que «es razonable que si hay una disparidad de criterios sea el Supremo quien marque la pauta común. ¿Quién no?».
Crispación en la judicatura
En el fondo, el Gobierno está volviendo a dejar en manos de los jueces la responsabilidad de las medidas más restrictivas. Una situación que está generando crispación en los órganos judiciales y que además crea una gran inseguridad jurídica. Los mismos técnicos del Tribunal Supremo aseguran no disponer de las herramientas necesarias para fijar criterios comunes en torno a las medidas adoptadas por cada comunidad.
El ministro de Justicia quiere dejar claro que «no hay ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de gobiernos autonómicos». Dice, por el contrario, que es «una buena noticia» salir de la excepcionalidad «porque la situación lo permite», y volver a las normas ordinarias del Estado de derecho.
El Gobierno, en su habitual optimismo, celebra la superación del estado de alarma. E insiste en que la nueva normalidad pasa porque las autoridades vuelvan ejercer sus competencias en salud pública ya sin el estado de alarma. Pero las comunidades autónomas aprueban sus medidas sin saber si los tribunales las aprobararán o las tumbarán y, mientras esperan la decisión, siguen adelante con ellas a pesar de ser, muchas veces, inconstitucionales.
Es el caso del toque en las islas Canarias, donde el Gobierno mantiene su vigencia más allá del estado de alarma, a pesar de haber sido rechazado por el Tribunal Superior, y a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso de apelación. Se trata pues de una situación legislativa muy delicada, en la que pueden verse aprobadas medidas para las cuales las comunidades no son competentes.
El Gobierno se abre a la reforma
La legislación sanitaria actual contempla algunas medidas de excepción para casos como el actual, pero el redactado de la norma es muy ambiguo y no permite, en ningún caso, la suspensión de los derechos fundamentales para toda una población. Sí lo contempla en casos concretos, como confinamientos de edificios o zonas sanitarias. Más allá de eso, la competencia recae en el Estado, y siempre a través de mecanismos excepcionales.
El ministro de Justicia ha recordado a los presidentes autonómicos que tienen la capacidad de solicitar la declaración del estado de alarma parcial. «Es una posibilidad específicamente prevista en la legislación, y me comprometo a apoyarla», ha dicho Campo. El Gobierno no tendrá que solicitar más estados de alarma, sino que tendrán que ser las autonomías las que asuman esa decisión, si lo creen conveniente.
Todas las esperanzas del Gobierno se han visto frustradas este fin de semana, con la caótica situación desatada en las calles. Eso, y la advertencia de los expertos de lo que puede pasar en España, abren por primera vez la posibilidad de una reforma de la legislación. Desde el PP ofrecen al Gobierno utilizar su propuesta ya registrada en el Congreso y aprobar la reforma en 15 días.
«Lo tenemos muy fácil. El PP ha registrado una proposición de ley y en 15 días puede entrar en vigor. El Gobierno no tiene ni que hacer el trabajo, porque ya está registrada y consultada con los principales juristas del país», ha dicho el secretario de organización del PP, Teodoro García Egea. Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno.