Ante la dramática situación económica a la que se enfrenta España los próximos meses, con un histórico hundimiento del PIB y una deuda y un déficit disparados, el Gobierno se ha apresurado a aprobar su reforma fiscal con la que pretende aumentar la recaudación y equilibrar las balanzas fiscales. Su consecuencia directa es una nueva subida de impuestos.
En esta ocasión, el Gobierno ha conseguido el aval del Congreso para la subida de impuestos en un tiempo récord, apenas siete días en los que la mayoría de los diputados han dado luz verde al endurecimiento fiscal por encima de los 1.800 millones de euros.
En la votación, la mayoría de la cámara ha aprobado la creación de dos nuevas tasas, la «tasa Google» y la «tasa Tobin», con los votos en contra de PP, Ciudadanos y VOX, que cuestionan el momento y advierten del impacto que tendrá la subida de impuestos sobre las clases medias.
Finalmente, el apoyo de PNV, EH Bildu y ERC han facilitado que se pueda iniciar la tramitación de los nuevos impuestos en el marco de lo que se ha denominado «fiscalidad del siglo XXI» y que incluye la «tasa Tobin» o impuesto sobre las transacciones financieras, que grava un 0,2% la compra de acciones de compañías con más de 1.000 millones en bolsa.
En este caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que esto no afectará a los clientes y que no supondrá un impacto para los ahorradores: «Sólo un 11% de los hogares tiene acciones en cotizadas, y de ellas sólo el 2,8% se encuentra entre hogares que tienen un menor nivel de renta».
Por eso ha sido categórica al afirmar que «no creo que muchas familias estén preocupadas por lo que tienen que invertir en Bolsa». Pero en cambio, PP, Ciudadanos y VOX creen que la nueva tasa afectará no sólo a los tenedores de acciones sino también a otros medios de inversión colectiva como se ha alertado en más de una ocasión desde el sector financiero.
Conflicto con Estados Unidos
«Más de tres millones de familias que tienen acciones, más de tres millones de familias a las que quieres subirles los impuestos», resumió el PP. Además, junto a este nuevo impuesto se crea también la «tasa Google» sobre los ingresos de las grandes empresas tecnológicas, que según los populares también repercutirá en el entorno empresarial y el consumidor.
En concreto, advierten de que se verán perjudicados las empresas digitales y startups, y eso afectará finalmente a usuarios y consumidores, como manifiestan distintas organizaciones del sector. Por su lado, el ministerio de Hacienda ha reducido la previsión de recaudación por ese gravamen, pasando de 1.200 a 968 los millones que se prevé que recaude el Estado.
La nueva figura, además, puede conllevar importantes conflictos con las principales empresas afectadas (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix) y con su país de origen, Estados Unidos, donde su presidente Donald Trump, sin ir más lejos, amenazó con poner aranceles y abrir una investigación sobre la tasa española por su conducta discriminatoria.
Además, cada vez está más en duda que la recaudación por estos impuestos repercuta en las arcas del Estado, ya que en Bruselas se extiende la idea de que ese dinero servirá para financiar los presupuestos comunitarios. En todo caso, con impuestos como la «tasa Google» el Gobierno quiere compensar las bajas tributaciones de estas empresas en los territorios donde operan pero no tienen sedes fiscales.