El Gobierno podría tomar una polémica decisión con los impuestos a sanidad y educación

Hacienda y Derechos Sociales acuerdan eliminar la exención del IVA en los servicios privados de sanidad y educación

Paciente ingresado en un hospital de España
La sanidad pública tendría que asumir parte de los servicios de la privada | España Diario

Con el borrador de los presupuestos generales para el año que viene casi listo, el Gobierno deja abierta la eliminación de las exenciones del IVA para la educación y la sanidad privada. Es una de las medidas que quedan por decidir y que pretende aumentar la recaudación del Estado para permitir la ampliación del techo de gasto.

Por ahora, el ministerio de Hacienda, liderado por la socialista María Jesús Montero, y el de Derechos Sociales que encabeza Pablo Iglesias, han acordado el 90% del texto del borrador de los presupuestos. Queda por cerrar algunos flecos, y es en ese 10% donde se podría incluir una reforma fiscal basada en las recomendaciones de la Airef.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recomienda la eliminación de beneficios fiscales a la sanidad y la educación privadas, algo que sin embargo contradice los criterios de la Unión Europea al respecto. 

El informe de la Airef fue acogido con mucho interés por parte del ministerio de Hacienda, que lograría así mejorar la eficiencia del IVA sobre algunos productos y servicios. En concreto, el organismo valoró la eficiencia de las exenciones del IVA de las que disfrutan los servicios de sanidad y educación privadas en el análisis del gasto público publicado en julio.

Aunque sus conclusiones no son definitivas, sugiere que la eliminación de esos beneficios fiscales supondría nuevos ingresos para las arcas del Estado y advierte de los perjuicios de eliminar las exenciones al IVA de las que disfrutan ambos sectores.

El problema es que la Unión Europea recomienda la exención para hospitalización y asistencia sanitaria y a la enseñanza escolar o universitaria. Según la directiva de 2006, determinados bienes y servicios sanitarios y educativos prestados por una entidad pública estarán siempre exentos del impuesto, y abre la puerta a la exención también para las privadas.

Hay que subrayar que se trata de una recomendación, en ningún caso de una obligación, y que deja en manos de cada Estado aplicarlo o no en función de determinadas actividades. En España, los bienes y servicios de los sectores de sanidad y educación prestados por entidades privadas están exentos del impuesto. 

Barra libre para el gasto público

La reducción de los beneficios fiscales para estos servicios repercutirá en un aumento de la recaudación tributaria, aunque también incrementará el coste de determinados servicios públicos. Así que la operación puede que no sea rentable. 

Según la Airef, la exención fiscal permitiría al Estado ingresar 1.763 millones de euros anuales, pero el coste de sustituir parte del consumo sanitario privado por el Sistema Nacional de Salud supondría 2.145 millones.  

Además, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021 en una medida que se podría aprobar en el siguiente Consejo de Ministros con el techo de gasto y el equivalente a la senda de déficit. Esto abre una especie de barra libre de gasto para el conjunto de las administraciones públicas. 

Para permitir esta manga ancha en el gasto público el Gobierno intenta ahora fijar unos ingresos para los que ya hay un principio de acuerdo entre los socios de Gobierno. En ese acuerdo se incluye una reforma fiscal en la que se encuentra la eliminación de beneficios fiscales para la educación y la sanidad privada contra los criterios de la Unión Europea.


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