El Gobierno sigue haciendo malabarismos para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en plena crisis económica. Tras la intención de aumentar a 35 años el período de cálculo, ahora anuncia su voluntad de incentivar el retraso de la jubilación. Para hacerlo, propone medidas que castigan la jubilación anticipada y premian el retraso.
Retrasar la edad real de jubilación es el objetivo de la propuesta que esta semana ha enviado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sindicatos y patronal. Su intención es alcanzar un acuerdo cuanto antes sobre la reforma del sistema público de pensiones.
En el borrador elaborado por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se incluyen varias propuestas para acercar la edad real de jubilación a la establecida por la ley. La ley establece para 2021 la jubilación a los 66 años, pero la edad real se sitúa ahora en los 64 años y 6 meses.
Para conseguirlo, el departamento que dirige José Luis Escriva contempla medidas que penalizan la jubilación anticipada, y ofrecen incentivos al retraso voluntario de la jubilación. Su intención es establecer un 4% de bonificación en la pensión por cada año de más, recibir una cantidad determinada en el momento de la jubilación.
La medida supondría dos tercios de la cantidad a tanto alzado más un incremento de la prestación del 1,5%. Se trata de una medida orientada a mejorar la situación del sistema público de pensiones, que tiene un déficit estructural al 1,5% del PIB, según datos del Banco de España. Eso supone un agujero de 18.000 millones entre gastos e ingresos. La pandemia lo ha complicado todo, y se prevé llegar a los 25.000 millones de déficit.
Por eso, el Gobierno quiere premiar a los ciudadanos que retrasen su salida del mercado laboral y se jubilen más tarde. La intención es pasar de los 66 años actuales a los 67 en 2027, y para conseguirlo se quiere premiar a estos trabajadores con un 4% en su prestación por cada año cotizado de más en su vida laboral.
Esto significa que si un trabajador se jubila a los 69 recibiría un 8% más de la pensión que si lo hiciera a los 27. La bonificación se podría aplicar aunque la cantidad total supere la pensión máxima establecida anualmente en los presupuestos, en 2.707,5 euros.
Penalización para la jubilación anticipada
Pero además, el plan incluye una penalización de la jubilación anticipada. Se trata de nuevas penalizaciones para aquellos trabajadores que decidan adelantar su retiro del mercado laboral antes de lo que dice la ley. La cuestión está en la cuantía, que se decidirá en función de cuántos meses se adelante la jubilación.
En cuanto a los trabajadores que tienen derecho a cobrar la pensión máxima de de jubilación al haber tenido salarios más altos, las penalizaciones por retirarse antes de tiempo se aplicarán sobre la cuantía de la pensión máxima. Asimismo, también se quiere prohibir la jubilación forzosa en las empresas, algo que contradice el acuerdo de 2018 entre Trabajo y los agentes sociales.
Según el plan de Seguridad Social, los nuevos convenios no podrán incluir una cláusula para que los trabajadores tengan que retirarse obligatoriamente el día que cumplen la edad fijada por la ley. El documento especifica que «en aras de favorecer la prolongación de la vida laboral, los convenios colectivos no podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento de parte del trabajador de la edad legal de jubilación».
Además, el plan de Escribá contempla una nueva fórmula de actualización de las pensiones para sustituir el polémico indicador aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, la revalorización anual toma como referencia el IPC y se introduce un mecanismo corrector para las desviaciones con la limitación de que las pensiones no bajen incluso con el IPC negativo.