La ley de Educación que prepara la ministra Isabel Celaá ya cuenta con más de cien enmiendas procedentes de los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que ha acordado pedir más autonomía para que los centros educativos puedan fijar horarios, establecer espacios y determinar qué estudian sus alumnos.
La reforma educativa que prepara el Gobierno tiene como principal intención sustituir la Ley Wert y volver al reparto competencial anterior, donde el Gobierno central decidía el 55% del horario en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en las demás regiones, mientras que los gobiernos regionales completaban el resto del temario.
Los partidos en el Gobierno pretenden ahora dar más poder a los centros educativos, pero esta es sólo una de las reformas que plantean en una ley de educación con cuestiones importantes, como el compromiso con la pública o repartir a los alumnos con necesidades por los centros.
Pero una de las enmienda que más llama la atención es la petición de que no se pueda repetir curso más de dos veces durante la escolarización, una en la Primaria y una en la Secundaria. Esto cambiaría la ley actual, que permite repetir dos veces en la Primaria y dos en la ESO, por lo tanto un total de cuatro.
Además piden que la educación afectivo-sexual tenga un papel importante en todos los centros, públicos, privados y concertados, y que esté presente en todas las asignaturas. Es una medida orientada a fomentar la igualdad en el alumnado desde edades tempranas, y persiguen su blindaje para que las familias no puedan objetar como sucedió con el pin parental.
Pero las enmiendas van un paso más allá y piden que se reconozca la educación pública como el eje vertebrador del sistema educativo, algo que conllevaría la pérdida de peso de la concertada y el aumento de puestos escolares en la red de centros de educación pública.
No a la reducción de las ratios
Otra de las novedades tiene que ver con los alumnos con necesidades de apoyo educativo, para los cuales el Gobierno pide una distribución más equilibrada. Por lo tanto, se refuerza la obligación de llevar estos alumnos también a los colegios concertados.
Por lo que respecta a los alumnos con discapacidad, se pide la obligación de ofertar plazas en la escolarización ordinaria con personal y recursos para atender sus necesidades. Además, aseguran que ese dinero no se va a detraer de las escuelas de educación especial.
Si las enmiendas prosperan, la Inspección Educativa ya no va a tener solo un papel evaluador sino también asesor, y la idea es que sus miembros puedan entrar en los colegios aunque no tendrán competencias para sancionar. Lo que sí tendrán es una mayor independencia, con la intención de reducir las desigualdades entre los alumnos.
Finalmente, el Gobierno no contempla una reducción de ratios como pedía la comunidad educativa, con Podemos al frente. Lo justifican diciendo que es una competencia que ya se encuentra reconocida para las comunidades autónomas y por lo tanto no hay necesidad.