Sin duda, el Covid-19 ha mermado los ingresos de gran parte de los españoles. La economía mundial se ha resentido debido a la pandemia, algo que ya se ha empezado a notar en gran parte de las familias españolas. La falta de liquidez ha provocado que casi 800.000 familias y autónomos hayan decidido solicitar que se les aplace un poco más el pago de un crédito, ya sea de una hipoteca o de un préstamo personal.
El hecho de no tener que pagar la hipoteca un mes más, supone un gran alivio para miles de familias que no se encuentran una situación precisamente boyante. Gracias a esta pequeña ayuda, estas familias podrán hacer frente a otros gastos como la luz, el agua o la compra de ropa.
Sin embargo, en medio de tanta alegría hay una pregunta que sobrevuela estos pequeños aplazamientos. ¿Se convertirán estos créditos en impagos?. «Si no se hubiera tomado esta medida, la tasa de morosidad de la banca hubiera aumentado ya. Con una caída en el número de afiliados de casi 900.000 personas en solo dos meses y con una previsión de que la tasa de paro pueda llegar al 20% a finales de año es normal, pero preocupante, la cifra de familias que han solicitado una moratoria a los bancos. Se trata de una medida muy acertada para desahogar la situación financiera de las familias españolas», asegura Joaquín Maudos, profesor de la Universitat de Valéncia.
Maudos opina que la cifra de familias que han pedido aplazar los pagos es «muy razonable para el impacto que ha supuesto la pandemia en la economía». «En China, la economía se está recuperando rápido porque tiene mucho peso la industria; en Estados Unidos la cifra de desempleo del mes de mayo es positiva, frente a lo que sucedió en abril. El problema es que en España hay mucha dependencia del turismo y entonces la recuperación va a ser más lenta», reconoce.
Por otra parte, Gonzalo Bernardos, de la Universitat de Barcelona, defiende que «si el PIB va a caer en torno al 10% este año, el desplome de la renta de las familias va a ser un porcentaje similar». La suma de todos esos préstamos suspendidos podrían alcanzar los 32.926 millones de euros, algo que no es descabellado, según este profesor, ya que actualmente hay más de 3,5 millones de empleados en situación de ERTE.
«Algunos empresarios están ya malvendiendo pisos por necesidad para reflotar sus empresas porque no tienen liquidez», destaca Bernardos de esta crisis económica que se avecina.
El presidente del Consejo General de Economistas, pone de manifiesta la cruda realidad al asegurar que la medida «está muy bien, pero hay que poner el país en marcha porque si no, no saldremos de esta crisis». Alto y claro, Pich ha manifestado que «las empresas deben dejar los ERTE atrás y empezar a funcionar».