Según los datos, en España 11 de los 23 millones de trabajadores que conforman la población activa cuentan con una amplia experiencia en el ejercicio de su actividad profesional, pero no tienen un título oficial que acredite sus conocimientos. Este hecho les sitúa en inferioridad de condiciones en el mercado laboral, respecto los trabajadores titulados.
Un ejemplo es el de Javier Nieva, un madrileño de 55 años que tiene un negocio de reparación de calzado en Madrid y conoce el oficio como pocos gracias a los cuarenta años de experiencia en el sector. Empezó trabajando a los 14 en una ortopedia y hace poco ganó el primer premio como mejor zapatero del mundo en una feria del sector en Alemania.
Sin embargo, carece de cualquier tipo de documento que acredite sus conocimientos. Y es muy consciente de que «tener un título siempre te abre más puertas, da un valor añadido a tu trabajo y demuestra a los que no te conocen que están capacitado».
A María del Mar Pérez Gómez, de 38 años y con 20 de experiencia en el sector sociosanitario, le pidieron un certificado profesional para poder seguir trabajando de cuidadora en una residencia de mayores. Ahora posee el certificado en Atención Sociosanitaria.
Sin embargo, desde UGT denuncian que las convocatorias para estas acreditaciones han sido insuficientes en los últimos años. Estos dificulta la obtención del título a muchas personas que lo necesitan porque sus empresas se lo exigen para seguir trabajando.
Por eso el Gobierno se ha marcado como una prioridad que buena parte de todas aquellas persona con experiencia profesional pero sin titulación puedan obtener una certificación profesional tras pasar unas pruebas. Las convocatorias serán permanentes y los trabajadores podrán solicitar su evaluación en cualquier momento.
Así, las pruebas ya no serán puntuales como lo han estado haciendo las comunidades autónomas hasta ahora, y esto permitirá a los ciudadanos obtener luego un título de Formación Profesional convalidando la parte del temario que ya han demostrado que dominan.
Esta medida se incluye en el Plan de Modernización de la Formación Profesional del Ejecutivo, que prevé una inversión de 1.497 millones de euros para los próximos cuatro años. Este 2020 el desembolso inicial será de 316 millones y la mayora partida, 127, se destinará a la acreditación de competencias básicas y profesionales.
Acreditar el 40% en 2023
El objetivo es acreditar hasta 2023 las competencias del 40% de la población activa menor de 55 años que carece de titulación, lo que equivale a 3,3 millones de personas. El plan persigue además facilitar a los alumnos una formación adaptada a lo que necesiten en función de sus intereses y necesidades laborales.
Así, una persona podrá matricularse exclusivamente en los módulos que desee sin tener que cursar todos los que integran un título o una curso de especialización. El gobierno también quiere potenciar la oferta en este plan de modernización con el impulso a la creación de 200.000 plazas más de FP hasta 2023.
Así se cubrirá la demanda creciente en este tipo de enseñanzas, que en los últimos cinco años ha subido un 20%. La oferta de titulaciones se ampliará a lo largo del próximo curso 2020-2021 con nuevos títulos como Videojuegos, Inteligencia Artificial y Big Data, o Ciberseguridad.
En cuanto a la FP dual, que combina la formación en el aula con las prácticas en los centros de trabajo, el Gobierno apuesta por la incorporación de las empresas de cada sector, incluidas pymes i micropymes, a la Formación Profesional. El objetivo es que España salga de la cola en matriculaciones de FP entre los países desarrollados.