La reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid ha concluido con buenas sensaciones en el Ejecutivo regional de poder pasar por fin a la fase 1 de desescalada tras reconocer el Gobierno central las capacidades de su sistema de detección precoz de casos sospechosos.
Desde el Ejecutivo autonómico han apuntado a Europa Press que el encuentro «ha ido bien» y ha transcurrido con «cordialidad», donde el Ministerio ha reconocido «las capacidades» de la Comunidad de Madrid y «especialmente su sistema de detección precoz de casos sospechosos».
El Ministerio comunicará, como suele ser habitual que se pronunciara sobre el cambio de fase este viernes para determinar la tercera petición de la Comunidad de ir a este nivel de desescalada a partir de este lunes 25 de mayo, algo que fue rechazado por el Ejecutivo estatal en dos ocasiones anteriores.
En esta reunión, ambas administraciones han enfatizado en «la necesidad de apelar a la prudencia y a la responsabilidad individual» de cada español.
Recurso al Supremo
Precisamente este jueves la administración regional ha registrado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo donde solicitaba como medida cautelar ir a la primera fase y recurría las órdenes que sustenta la estrategia de desescalada de fase uno y dos, al entender que no recoge criterios uniformes para el conjunto del país.
«Una diferencia de criterio que sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad, desde el momento en que deja de estar referida a una evaluación objetiva y técnica de los indicadores», razona el recurso de la Comunidad.
Por otro lado, aporta al Supremo un informe de la Consejería de Hacienda y Función Pública, liderada por Javier Fernández-Lasquetty, donde se comprueba que entre una reactivación en mayo y una reactivación en junio (escenarios 1 y 2) hay 3 puntos de diferencia en el PIB y casi 200.000 empleos afectados.
«Es indudable, por tanto, que cada semana que las restricciones se mantienen hay un perjuicio económico, que se transmite en las variables macroeconómicas. Perjuicio que, desde la perspectiva de las medidas cautelares, debe calificarse de irreparable, al ahondar en el daño económico y la pérdida de empleos, dificultando y agravando la ya de por si incierta recuperación», concluye.