Ancianos durmiendo con sus compañeros de habitación muertos, residentes abandonados, enfermos rechazados en los hospitales… Las residencias de ancianos se convirtieron en auténticos museos de los horrores durante la peor fase del Coronavirus, pero no sólo concentraron la sangría de contagios y muertes masivas de la crisis, sino también irregularidades que ahora salen a la luz.
Lo hacen en un informe que ha elaborado Celia Pascual, presidenta del Círculo de Empresarial de Atención a Personas (CEAP), donde reconoce algo que además compromete al Gobierno de Pedro Sánchez: «ya avisamos en febrero, y el Gobierno nos contestó diciendo que era una gripe normal».
El Gobierno recuerda que las competencias en materia de residencias son de las comunidades autónomas, y en ese sentido hacen recaer buena parte del peso de la responsabilidad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que en su región se concentraron el mayor número de muertos en residencias de ancianos.
La oposición, sin embargo, reprocha al Gobierno central que aquellos días tenía el mando único de la gestión de la crisis y que, además, fue avisado con tiempo de lo que pasaba con la potestad de intervenir. El dedo acusador se dirige a Pablo Iglesias, cuyo ministerio coordina un fondo de 300 millones para personal y equipos de protección en residencias.
En medio del fuego cruzado aparece ahora Cinta Pascual, que representa cerca de 200.000 plazas de residencias de ancianos de las 380.000 que hay en España. Esta voz autorizada entregó estos días al Congreso de los Diputados un informe en el que desgrana todas las carencias que ha sufrido su sector.
«Hemos informado de todo desde el primer momento», asegura, «le dije al presidente del Gobierno que teníamos que hablar». En aquella ocasión le habló de la necesidad de aumentar el gasto en asistencia a la gente mayor para ponerse al nivel de otros países europeos, ya que «el sistema se mide por la capacidad de cuidar a sus mayores y dependientes».
En ese sentido, revela algo que deja al Gobierno en muy mal lugar: «Hicimos una cantidad de llamadas de socorro, las primeras en febrero ya. Les dijimos, ¿qué está pasando aquí? Nos dijeron que era una gripe normal, en un correo electrónico». Según Pascual, hicieron llamadas a los ministerios, mandaron cartas pidiendo reuniones, y nada.
Habrá demandas en todas partes
Según explica, «el 20 de marzo mandamos una carta de denuncia a Pablo Iglesias pidiendo una reunión, el 30 mandamos una carta a Margarita Robles. No había nadie que supiera lo que estaba pasando», y asegura que también pidieron estar en la comisión parlamentaria para la reconstrucción y no les aceptaron.
Pascual pidió al Gobierno «que cambiaran el daño que nos están haciendo, reputacional y moral, porque han abandonado a sus mayores y familiares». Y avisa que las comunidades que no colapsaron fue porque no había tanto Covid-19, no porque el sistema funcionara mejor. Por eso lanza una advertencia: «Habrá demandas en todas partes, y va a servir para que todo salga a la luz».
Sobre las secuelas que esto va a dejar, asegura que hay un daño brutal en el personal de las residencias, con bajas de gente de dice que no puede volver a pasar por lo mismo en otoño si hay un rebrote. «Es muy cruel dejar a todo un sector entero solo y no darle medios», dice Cinta Pascual, y hace una confesión que lo resume todo: «Llamé a una funeraria y les dije que no podían hacernos esto, y me respondieron que no tenían EPI (equipos de protección individual) y que no podían mandar trabajadores en esas condiciones».