Hace más de un año que se implementó el estado de excepción debido a la pandemia, una medida que el pasado mes de octubre fue alargada por un período de seis meses, revisable a los cuatro, y que finaliza el próximo 9 de mayo.
La proximidad de la fecha debería tener al Gobierno trazando un nuevo plan. Sin embargo, las claras señales que indican que nos estamos adentrando en una cuarta ola imposibilitan trazar una hoja de ruta a medio plazo.
Y es que el «cambio de tendencia» de la pandemia ha provocado no que se descarte la posibilidad de volver a endurecer las restricciones que actualmente están en vigor.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que «el virus no está derrotado» y que los últimos datos han augurado que nos estamos adentrando en una cuarta ola, desde la Moncloa no se atreven a hacer pronósticos y apelan a la «prudencia».
El Gobierno ha señalado que la «la decisión se tomará en su momento» y que se hará en relación con los criterios epidemiológicos y en función de la evolución de la pandemia. No obstante, han advertido que no les «temblará el pulso» a la hora de tomar medidas.
Decisión influenciada por las elecciones de Madrid
El final del estado de alarma, además, llegará en un ambiente político poco adecuado para tomar decisiones sin interferencias externas, ya que cualquier decisión se tomará influenciada por la campaña electoral de las elecciones de Madrid que están previstas para el próximo 4 de mayo.
Por este motivo, y tal como llevan haciendo desde hace meses, el Gobierno se esconde tras las comunidades autónomas.
Algunas fuentes gubernamentales han asegurado que la decisión que tomará la Moncloa sobre el estado de alarma dependerá de si las autonomías solicitan mantener vigente un marco legal que le facilite las herramientas para limitar los derechos fundamentales.
Un apoyo autonómico que también garantizaría el aval necesario para sacar adelante una nueva votación en el Congreso de los Diputados.
A pesar de ello, Pedro Sánchez ha compartido públicamente que tiene la esperanza de no tener que alargar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque tal y como adelantó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista en RNE, no descartan la posibilidad de tener que ampliarlo si las «condiciones» epidemiológicas así lo requieren.
Además, desde la Moncloa han señalado que aunque el Gobierno levante el estado de excepción, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNIS) podrá seguir implantando medidas que deberán cumplir todas las comunidades autónomas, ya que esta potestad ha sido recientemente avalada por el Tribunal Supremo.
El Gobierno, por el momento, se aferra al auto emitido por el Alto Tribunal el pasado martes, 23 de marzo, rechazando la suspensión cautelar que había demandado Vox del cierre perimetral de Madrid que se acordó en el Consejo Interterritorial para el Puente de San José y Semana Santa.
«Es muy interesante porque esto significa que, a partir del 9 de mayo, podemos ir utilizando las acciones coordinadas cuando se necesite, y tendrán que ser cumplimentadas obligatoriamente por todos, aunque no haya estado de alarma», dijo Calvo.
Mayo, el punto de inflexión de la pandemia
A pesar de las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Pedro Sánchez no se ha pronunciado al respecto y en la actualidad las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud sí que se encuentran bajo el paraguas del estado de alarma.
Aunque desconocen el camino que tomará la pandemia, desde el Gobierno esperan que para el mes de mayo la campaña de inmunización haya avanzado de forma considerable y las inyecciones se administren a gran velocidad.
Se esperaba que el punto de inflexión llegase en abril, pero el retraso en la llegada de la vacuna monodosis de Janssen ha imposibilitado que esto sea así, por lo que mantienen la esperanza en que será a unos días de la entrada del verano cuando cambie el rumbo de la epidemia.