Plano corto de las manos de un hombre de avanzada edad apoyadas sobre su rodilla

Hay dos formas de salvar las pensiones en España, y ninguna te gustará

El Banco de España propone aumentar las cotizaciones o recortar las prestaciones para garantizar la supervivencia del sistema

El envejecimiento de la población es el principal reto al que se enfrenta España en los próximos años. Así lo advirtió ayer el director general del Banco de España, Óscar Arce. Según su análisis, el sistema público de pensiones está en riesgo y obliga al Gobierno a tomar medidas urgentes para rebajar la presión del gasto.

La población española se encuentra en un progresivo envejecimiento que hace que cada vez haya más jubilados y menos personas en edad de trabajar. Por lo tanto, cada vez hay más gasto (prestaciones) y menos ingresos (cotizaciones). Por eso, el Banco de España señala que la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa porque en los próximos años los trabajadores y las empresas contribuyan más a la Seguridad Social.

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Un ejemplo práctico del negro futuro de las pensiones en España: según cálculos del Banco de España, si se mantienen las nóminas actuales de los pensionistas en 2050, las cotizaciones a la Seguridad Social tendrán que aumentar un 8%. De lo contrario, el sistema quebrará y no se podrán pagar las pensiones.

Así lo aseguró su director general durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). «En 2050, con tasas de empleo del 80%», dijo, «el tipo de las cotizaciones debería subir ocho puntos porcentuales para mantener la tasa de beneficio actual». Por el contrario, advirtió que «si se opta por mantener la actual contribución habrá que reducir la tasa de beneficio». 

Según su análisis, «existe una gran presión en los gastos de las pensiones, agravada por el hecho de que los pensionistas están más movilizados hoy en día que los jóvenes». En su opinión, esto impide a los políticos acometer las reformas necesarias en el sistema público de pensiones: su razón está en los votos de 9,8 millones de pensionistas. 

Sin embargo, advierte que seguir como hasta ahora llevará a la quiebra del sistema en 2050 «por pura aritmética». Para entonces, la diferencia entre los mayores de 65 años y los que están en edad de trabajar pasará del 30% actual al 60%. Es decir, de tres trabajadores por cada jubilado, a dos jubilados para tres trabajadores.

La reforma que propone el Banco de España

El Banco de España propone una reforma estructural del sistema de pensiones, que defina qué nivel de generosidad queremos tener con los mayores y cuáles son los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por ello. La clave está, por lo tanto, en las fuentes de financiación, que deben permitir el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas pero a la vez evitar un déficit estructural que lleve a la quiebra.

Arce puso el acento en la transparencia del proceso de reforma, para garantizar que los trabajadores puedan planificar su futuro cuando lleguen a la jubilación. Además, propone mecanismos automáticos que permitan ajustar el gasto a los diferentes ciclos de la economía, protegiendo así las pensiones de los vaivenes de la política. Esto exige, por lo tanto, un amplio consenso entre las fuerzas políticas y los agentes sociales.

En el otro extremo del sistema están los jóvenes, para los cuales el director general tuvo también unas reflexiones. El Banco de España prevé un futuro negro para los jóvenes, debido a la herencia del sistema público de pensiones, pero también a la deudapública acumulada, que ya sube por encima del 120% del PIB. 

La difícil tarea del Gobierno

Ante esa situación, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con un plan de reforma de las pensiones que intenta contentar a todos. Primero a Bruselas, que ha exigido una serie de reformas a cambio de los 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos. Pero también a los agentes sociales, patronal y sindicatos, que ya han estado a punto de levantarse de la mesa de negociación en varias ocasiones.

En paralelo a las medidas más polémicas, como la ampliación de la base de cálculo de las pensiones, que parecen orientadas a satisfacer las demandas de Bruselas, el Gobierno ha aprobado algunos cambios para contentar a los sindicatos. En esa línea, se ha recuperado el IPC como indicador para la revalorización de las pensiones. 

Pero los sindicatos quieren más y piden la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, y la eliminación de las medidas más lesivas de la reforma actual. Tanto sindicatos como patronal critican la poca transparencia del ministerio de Seguridad Social, que sigue intentando hacer equilibrios para sacar una reforma que se antoja una quimera.