Tras 14 meses de Gobierno, el ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez debería encontrarse ahora en una situación de caminar hacia la estabilidad. Aunque la pandemia sigue causando estragos en España, lo cierto es que, poco a poco, la vacunación avanza hacia una situación de mayor control, camino de la deseada inmunidad de grupo que llegará cuando se supere el 70% de la población vacunada —un hito que Sanidad sigue situando hacia el mes de agosto. En paralelo a la estabilización de la pandemia, el Gobierno cuenta con unos Presupuestos actualizados y aprobados, en pleno vigor, y empieza a acelerar en algunas de las leyes capitales de la legislatura, como por ejemplo la del alquiler, de la cual la semana pasada conocíamos algunos de los rasgos iniciales.
Pero nada más lejos de la realidad. Ante tal panorama, el Gobierno no acaba de encontrar la estabilidad necesaria. Leyes como la del alquiler hacen aflorar las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos, que acentúa aún más la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid. La anunciada dimisión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha abierto un nuevo escenario de cambios en el ejecutivo que incrementa la inestabilidad. Y para más inri, los apoyos al Gobierno en el Congreso de los Diputados provocan tambaleos a la mayoría necesaria para sacar adelante cualquier proyecto de ley.
Las exigencias de ERC y PNV añaden dudas al futuro inmediato del ejecutivo...
Si internamente el mar del Gobierno está revuelto, las alianzas en el Congreso parecen más tocadas que nunca. En enero de 2020, el primer ejecutivo de coalición de la historia de España llegaba a la Moncloa gracias a múltiples acuerdos con varias pequeñas formaciones nacionalistas y regionalistas —Teruel Existe, Nueva Canaria, Bloque Nacionalista Gallego...—, pero con dos apoyos aritméticamente fundamentales: los seis votos afirmativos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y las trece abstenciones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
En las últimas semanas, las relaciones entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y dichos partidos se ha deteriorado de forma notable. El PNV no dudaba hace unos días, por oca de su presidente, Andoni Ortuzar, de poner en duda la viabilidad del Gobierno de coalición. Su portavoz en Madrid, Aitor Esteban, manifestaba que le parecía «difícil que agoten la legislatura si prosigue este ritmo de discusión». Más allá de valoraciones, el PNV también manifestó su malestar porque, aun teniendo importancia aritmética en la configuración de mayorías, no ven que el PSOE y Unidas Podemos les traten como «socio preferencial».
Mientras los nacionalistas vascos van enfriando sus relaciones con el Gobierno de coalición y tendiendo puentes con un PP con el que desean «normalizar relaciones», según Ortuzar, ERC también lanza serios avisos al ejecutivo. Los republicanos, que probablemente accedan a la presidencia de la Generalitat en los próximos días, han agotado su crédito ante el independentismo catalán y necesitan hechos. Contrapartidas reales al apoyo fundamental que brindaron al Gobierno: la concesión de los indultos, la reforma a la baja del delito de sedición o el restablecimiento de la mesa de diálogo son algunos de los frutos que los republicanos exigen y que están hartos de esperar.
La semana pasada, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, era claro y meridiano: o el Gobierno hace algún gesto con cierta inmediatez o «ERC tomará decisiones». Una amenaza lo suficientemente explícita como para que se pueda considerar que el apoyo de los republicanos al ejecutivo corre peligro. ERC y PNV constituyen para el Gobierno un bloque de 19 diputados clave para sacar adelante sus propuestas. Hay alternativas, claro está, pero sin duda es una fórmula que hace sentir cómodo a Unidas Podemos.
... y la crisis de C's, más
Una de las alternativas posibles es llegar a acuerdos con C's, si bien se trata de una vía poco explorada por las reticencias de Unidas Podemos a pactar con los naranjas. Aun así, en la primavera pasada el apoyo de los de Inés Arrimadas fue clave para prolongar el estado de alarma hasta el mes de junio; y en un momento tan clave del mandato, con un horizonte repleto de proyectos de ley fundamentales, el Gobierno podróa apostar por esta vía. Pero hay otros inconvenientes en el camino.
La crisis profunda en la que se encuentra C's tras la doble moción de censura fallida en Murcia y sus consecuencias —expulsión del gobierno regional y elecciones en Madrid, fuga de mandos y militantes— han servido para escarmentar a Arrimadas de nuevos acuerdos con los socialistas. Sin duda, los naranjas van a pensarse dos veces futuros acuerdos con el PSOE, y ello en caso de que la formación sea capaz de recuperar cierta fuerza. Lo que parece imposible es que a corto plazo C's vuelva a ejercer de muleta al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, algo que podría ahondar aún más su situación de crisis y la marcha de pesos pesados de la formación.
Así las cosas en el tablero político, lo cierto es que el Gobierno de coalición tiene trabajo por delante a fin y efecto de rehuir de la situación de fragilidad en la que se encuentra en el Congreso, con desconfianza por parte de los principales socios nacionalistas y con la imposibilidad de buscar un pacto con C's. El ejecutivo debe decidir qué camino toma y hacer gestos hacia él si quiere sacar adelante sus proyectos clave de legislatura y, por fin, afianzar una estabilidad que tarda en llegar a la Moncloa.