El próximo 8 de enero hará dos años que familiares y amigos de Diego Bello recibieron la noticia de su asesinato. Les dijeron que era un capo de la droga y que había sido abatido por la policía en la isla de Siargao, en Filipinas. Desde entonces, sus allegados luchan para destapar un caso de montaje policial.
Dos años después de la muerte de este empresario gallego de 32 años, los agentes que le dispararon han sido imputados por asesinato y falsificación de pruebas. La verdad ha salido a la luz gracias a una investigación impulsada por la familia y las presiones diplomáticas. Las conclusiones les dan la razón.
El español es una de las 12.000 personas que han muerto a manos de policías filipinos en supuestas operaciones antidroga. Así lo atestigua Human Rights Watch, que lo atribuye a las ejecuciones extrajudiciales durante el mandato del presidente Rodrigo Duterte. El gobierno filipino actual ha prometido resolver todos estos casos.
Las mentiras de la policía
Diego Bello vivía desde 2017 en Filipinas, donde compaginaba sus negocios con la afición al surf. Su destino se cruzó con la violenta guerra que el gobierno de Duterte mantenía contra el narcotráfico desde 2016. Murió acribillado a tiros en la puerta de su casa, al llegar del trabajo en uno de los locales que regentaba.
El capitán al mando, ahora imputado por asesinato y perjuicio, aseguró que se trataba de una operación antidroga. Según su versión, le habían tendido una trampa quedando con él para comprarle droga. Afirmó que el sospechoso abrió fuego al verse acorralado, y que se vieron obligados a disparar contra él.
Pero el informe oficial realizado por la fiscalía filipina recoge testigos que desmontan esta versión. El análisis de los archivos policiales y la revisión de la escena del crimen han sido suficientes para imputar al capitán y a dos de sus oficiales. La conclusión de las pesquisas es que los agentes manipularon el escenario del crimen.
La fiscalía saca la verdad a la luz
Según la versión de la fiscalía, Diego no sacó ningún arma de su riñonera ni disparó a los agentes mientras huía. Los casquillos de bala estaban tan cerca unos de otros que era imposible que nadie más resultara herido, si Diego también hubiera disparado. El rastro de las balas no coincide con la teoría de un intento de fuga.
Hay otras pruebas demoledoras, como las manchas de sangre y los daños hallados en el lugar. El último disparo lo efectuó el jefe de la policía, probablemente cuando el joven estaba ya abatido en el suelo. La acusación de que Diego llevaba un arma “forma parte del plan para justificar un homicidio ilegal”.
El arma que supuestamente llevaba el español estaba a nombre de una empresa con sede en Manila. Ha sido imposible establecer un vínculo entre esa compañía y el fallecido. Diego solo llevaba tres años en Filipinas, y el arma estaba registrada desde hacía más de dos décadas.
Tendrán que responder ante la justicia
Pero además, el nombre de Diego Bello no consta en las listas oficiales de narcotraficantes desde 2016. El jefe del operativo siempre sostuvo que era un capo de la mafia de la droga en la región, pero no aparece en los archivos de la agencia antidrogas. La autopsia reveló que no había tomado drogas en los últimos seis meses.
En la escena del crimen había también una riñonera con 15 gramos de cocaína. Pero las cámaras de seguridad demuestran que no llevaba ninguna riñonera puesta cuando salió del restaurante. Por todo esto, la investigación concluye que acabaron con la vida del joven “con un propósito conjunto, matar a Diego”.
Según desvela el informe, mataron a tiros a una persona indefensa pese a estar los tres armados y apoyados por otros agentes. La víctima recibió seis disparos, el último de ellos en la oreja derecha. Los acusados tendrán que responder ahora a todas esas evidencias ante un tribunal.
Llegarán hasta el final
Familiares de Diego Bello quieren llegar hasta el fondo de la cuestión y piden un juicio con todas las garantías. Si no, están dispuestos a llegar hasta la Audiencia Nacional o hasta la Corte Penal Internacional. “No nos esperábamos nada de allí, y de repente vemos la luz”, afirman aliviados.
Cuentan con la colaboración de un bufete de abogados filipino y la oficina del fiscal. También del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que ha ejercido una presión sobre las autoridades filipinas para investigar el caso. Aún quedan algunas dudas por resolver, como el motivo por el que mataron a Diego.
El informe de la fiscalía se limita a constatar que se trató de un montaje policial, pero no revela ningún móvil. La familia siempre ha creído que el joven fue víctima de un ajuste de cuentas personal, y que utilizaron la guerra contra el narcotráfico como pretexto. Detrás podría haber la competencia por los negocios de la zona.
Quién podría estar detrás
El capitán imputado en el montaje policial, estaba relacionado con el gobernador de la zona, miembro de una poderosa estirpe local. Según el informe, esta persona acudió a uno de los negocios de Bello meses antes del asesinato. Protestó por el ruido y amenazó a su socio al grito de “no sabes quién soy yo, puedo dispararos y haceros desaparecer”.
La hipótesis más sólida a fecha de hoy es que este gobernadoR utilizara al oficial de policía para liquidar a Bello. Según esta teoría, habrían orquestado una supuesta operación policial en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Ahora empieza otra batalla para la familia de Diego, la de encerrar a los autores de su asesinato y limpiar su nombre.
VÍDEO DEL DÍA