La presencia del lobo ibérico en España lleva mucho tiempo generando conflictos, y ahora cuatro comunidades autónomas han vuelto a levantar la voz ante la voluntad del Gobierno de incluir esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), propuesta que lleva tiempo sobre la mesa.
En concreto, los consejeros de Medio Ambiente de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han enviado una carta conjunta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para exponer que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en estos momentos sería una decisión «claramente contraria» a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, donde hay una población importante de esta especie y sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques.
¿Qué implica más protección del lobo?
La inclusión del lobo en el LESPRE supondría la prohibición general de su caza, ya que dejaría de ser considerada una especie susceptible de caza como especie cinegética.
Solamente de forma excepcional la captura de un ejemplar podría autorizarse bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, limitación que haría mucho más difícil que las comunidades con presencia de lobo al norte del río Duero recurrieran a acciones cinegéticas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos.
De hecho, como se menciona en la carta conjunta a la ministra, estos cambios en cuanto al nivel de protección del propio lobo ibérico podrían poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.
La carta conjunta se acordó tras la reunión celebrada recientemente entre los cuatro directores generales de la rama y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, una reunión solicitada en septiembre por las cuatro comunidades considerando que serían las más afectadas en caso de que la iniciativa prospere.
Propuestas alternativas
Las cuatro comunidades señalan en la carta que han elaborado y aprobado planes de gestión del lobo que, «por desgracia, no se han librado en algunos casos de su traslado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes».
Todos estos planes de gestión del lobo tienen como objetivo la conservación de la especie, en el marco establecido por la Directiva europea 92/43/CEE, «a través de una adecuada gestión que nos permita compatibilizar su presencia con el mantenimiento y la mejora de la ganadería extensiva».
En el marco de estos planes, las cuatro comunidades han conseguido que las poblaciones de lobo mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, que aparezcan nuevas formas de potenciar el 'recurso turístico' lobo y para conseguir una mejor valoración por los vecinos de estas zonas.
En este sentido, señalan a la ministra Ribera que quieren territorios bien conservados con presencia del lobo, «pero también territorios con futuro y con vida, y para ello la ganadería extensiva es esencial».
Lo que piden las cuatro comunidades autónomas es que se cumplan y respeten los procedimientos administrativos y el actual marco competencial en el cambio del estado legal del lobo, «que en su actual propuesta en ningún caso responde a un consenso jurídico, técnico o científico».
Los consejeros han pedido a la ministra Ribera una reunión para buscar soluciones que tengan en cuenta la experiencia de gestión que tienen las cuatro comunidades, que han asumido desde hace tiempo «la imprescindible compatibilidad entre la conservación del lobo y el sector ganadero».