El Covid-19, además de crear una crisis sanitaria en España y llevarse por delante miles de vidas, también se ha convertido en una crisis económica provocando así el cierre de decenas de miles de empresas y la pérdida de cientos de miles de empleos.
La depresión económica en la que se está sumergiendo el país ha empujado a la pobreza a muchas familias españolas. Esto ha hecho que el Gobierno haya decidido que los afectados por el Covid-19 no se queden fuera del ingreso mínimo vital garantizando una medida definitiva.
La normativa propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada el pasado viernes en un Consejo de Ministrosextraordinario, dará cobertura a 850.000 familias en riesgo de exclusión social (2,3 millones de personas). Esta vez se ha presentado con un cambio importante respecto a los dos borradores anteriores: la medida sí podrá cubrir a las personas cuya situación de pobreza se haya producido a causa del coronavirus.
El Gobierno anuncia la medida que va a proteger a los ciudadanos en pobreza extrema por la crisis del coronavirus
La norma está pensada para que accedan a la ayuda aquellas personas con ingresos nulos o escasos en el año 2019, pero ante la emergencia del Covid-19, se articulará un instrumento puente, que asimismo protegerá a las personas que han pasado a la pobreza extrema de manera repentina en estos últimos meses.
«Si un hogar está teniendo una caída de ingresos muy intensa que le haga cumplir ahora los requisitos que no cumplió en 2019, puede hacer una declaración responsable», ha manifestado el Ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.«Si esa caída supera el 50% de la renta que tuvo en 2019, y si tiene un patrimonio particularmente pequeño, recibirá el ingreso mínimo vital. A final de año se volverá a valorar su caso y se hará una revalorización y un ajuste», ha añadido Escrivá.
El Ministerio de Inclusión ha decidido ser más flexible con esta nueva normativa. Por ejemplo, si un solicitante pide la ayuda y no cumple los requisitos de 2019, entonces entrará en ese nuevo mecanismo por el cual se determinará si sus rentas de 2020 lo colocan en una situación de vulnerabilidad extrema. Y, entonces, cobraría la ayuda.
Los límites que se podrán cobrar oscilarán entre 461,5 y 1.015 euros. José Luís Escrivá, ha garantizado que el ingreso mínimo vital medio anual será de 4.400 euros. Lo que se traduce a 366 euros al mes, que se sumarán a los ingresos que ya tengan las familias.
Además, la renta mínima no será una cuantía fija predeterminada, sino un complemento que se calculará según los ingresos del año anterior y en función de las personas que vivan en el hogar que la solicite.
Según Escrivá, esta medida sacará de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas de los 2,3 millones que se verán beneficiados. Esto «supone reducir un 80% la pobreza extrema y un 60% la pobreza muy alta», ha declarado.
«Es el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia en el año 2006», ha expuesto Pablo Iglesias.
El vicepresidente segundo del Gobierno ha comentado que la renta se podrá solicitar desde el 15 de junio y se le dará de manera retroactiva a todos los que la pidan antes del 15 de septiembre. «Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España», ha proclamado.
Paralelamente, el Gobierno ha cedido en la gestión con el País Vasco y Navarra. Esta gestión ha inquietado a algunas regiones, como Cataluña, que quería el mismo privilegio, y a Andalucía que pidió una mayor presencia en la gestión. Ahora las autonomías que ya tienen renta mínima deberán adaptarla, para que coexista con la nacional. Es decir, la ayuda regional será un suplemento.
La ayuda la concederá el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque todo los ciudadanos deberán presentar los papeles en los Servicios Sociales de los ayuntamientos.