José Luis Escrivá durante una rueda de prensa

Urgente: Cambio en las pensiones de 650.000 jubilados de España

El Gobierno aprobó el traspaso de las clases pasivas del Estado desde el Ministerio de Hacienda hasta el de la Seguridad Social.

La crisis del coronavirus indudablemente está produciendo cambios en el sistema económico y social que sustenta nuestro actual Estado de Bienestar.

La semana pasada el Gobierno aprobó la integración de las clases pasivas  del Estado, funcionarios civiles y militares,  en la Seguridad Social  a través del real decreto ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

De esta forma se produce el traspaso desde Hacienda, el ministerio que ostentaba su gestión, hasta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

¿Qué son las clases pasivas del Estado?

El régimen de Clases Pasivas,  en extinción desde 2011, abarca a todos los funcionarios de carrera  de la Administración Civil y Militar del Estado, de la Administración de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Cortes Generales, incluidos altos cargos políticos que consiguieron su plaza antes de 2011. Con posterioridad, todos los trabajadores pertenecen al Régimen General.

De esta forma, el cambio afectará a 657.118 pensiones, según datos de marzo de 2020, y a los cerca de 1,8 millones de trabajadores que permanecen en activo.

En cuanto al presupuesto económico, el pago de estas pensiones en 2019 supusieron un gasto de 15.711 millones de euros, por encima de los 14.590 millones habilitados para esta partida en los Presupuestos prorrogados de 2018. 

¿Cómo puede afectar este cambio a los pensionistas?

El objetivo, según señala el Gobierno, es estructurar los departamentos ministeriales para generar seguridad jurídica y certidumbre en materia de pensiones.

Sin embargo, el traspaso no ha estado exento de polémica debido a la  preocupación porque los cambios en el reconocimiento y la gestión de pensiones afecten la retribución de los pensionistas.

Según señalaba el Ministerio este cambio no afectaría el origen del presupuesto para financiar las pensiones de los funcionarios jubilados. Es decir, la financiación seguiría saliendo del presupuesto del Estado, no de las arcas de la Seguridad Social, pero el dinero lo gestionaría la Seguridad Social.

A pesar de esto, son muchas las asociaciones que han mostrado su preocupación por esta modificación. 

Sin ir más lejos, la  federación de atención a la ciudadanía de USO cree que esta nueva medida es un «ataque contra los mutualistas y pensionistas porque pone en riesgo las cuantías actuales y las futuras».