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Las 10 reformas que Sánchez tendrá que hacer si quiere los 140.000 millones de Europa

Bruselas vigilará muy de cerca a España para que haga los cambios que exige en pensiones y mercado laboral

El Gobierno de España escenificó ayer el triunfo de Sánchez en Europa con un pasillo de los ministros al presidente. Los pesos pesados del Ejecutivo se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje: no es un rescate, ni habrá austeridad. Pero la realidad es que los países liderados por Holanda lograron imponer un férreo control que obligará a España a hacer ajustes.

La clave son las «Recomendaciones específicas para cada país» con las que el primer ministro holandés, Mark Rutte, se asegura que Bruselas forzará a los países del sur, entre ellos España, a realizar las reformas económicas para afrontar la crisis desde la austeridad.

Los llamados países frugales (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) quieren coordinar las políticas para afrontar la recesión y evitar que un país miembro de la Unión Europea, por no hacer los deberes, empeore su situación y cree un efecto contagio en los demás. Pero no se trata de una petición general de reformas, sino de tareas muy específicas.

La dura negociación del fondo de recuperación europeo, que estuvo a punto de descarrilar la madrugada del domingo al lunes, se recondujo gracias a una concesión muy importante al grupo holandés: la posibilidad de monitorizar las reformas de los países del sur. Eso quiere decir que Bruselas vigilará muy de cerca que España haga las reformas que piden.

De hecho, las Recomendaciones se crearon durante la anterior crisis financiera, pero entonces no tenían un carácter obligatorio, y el Gobierno de España podría ignorarlos. Sólo en 2012, cuando España estaba al borde de la quiebra, Mariano Rajoy aprobó la reforma laboral y de las pensiones para obtener el apoyo de Europa.

Pero el acuerdo sobre el fondo de 750.000 millones, de los cuales 140.000 irán para España, lo cambian todo. Los países que, como España, quieran ayuda de la Unión Europea, deben enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión basado en recomendaciones. Sánchez ya conoce la lista de tareas para cumplir si quiere las ayudas.

1. Reforma del sistema sanitario

Es la gran novedad de las nuevas Recomendaciones en el contexto de la crisis del Covid-19. El plan obliga a países como España a corregir los déficits de inversión en infraestructuras y las carencias en el reclutamiento y las condiciones de los trabajadores sanitarios para evitar que la pandemia vuelva a evidenciar la vulnerabilidad de su sistema sanitario.

Sánchez debe reforzar la resistencia y la capacidad del sistema sanitario, la atención primaria, y asegurar que las personas mayores que viven en residencias, las más golpeadas por la pandemia, tengan acceso a los servicios de emergencia y cuidados intensivos. También

2. Ajuste presupuestario

Bruselas ha activado esta vez la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que evitará a España hacer ajustes presupuestarios a corta plazo, ya que suspende temporalmente la exigencia de tener un déficit por debajo del 3% y una deuda inferior al 60% del PIB.

Esto seguirá así, como mínimo, hasta 2022. La prioridad ahora es disparar el gasto público para amortiguar los efectos de la crisis. Pero el plan también obliga a Sánchez, cuando las condiciones económicas lo permitan, a aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda.

3. Pensiones

La Unión Europea cree que las reformas realizadas en 2011 por Zapatero y en 2013 por Rajoy ayudaron a garantizar la sostenibilidad y la suficiencia relativa a las pensiones a largo plazo, pero critica que esos cambios hayan sido revertidos y pide alternativas.

En concreto, Bruselas avisa que volver a ligar los incrementos de las pensiones a la inflación, como se decidió en 2018 y 2019, y el aplazamiento del factor de sostenibilidad, requieren medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Es decir, recortes en las pensiones.

4. Reforma laboral

España entró en la crisis con el segundo paro más alto de la Unión y es uno de los estados miembro con mayor tasa de contratos temporales, lo que frena el crecimiento y la cohesión social. Los jóvenes, los trabajadores cualificados y los inmigrantes son los más afectados.

Bruselas reclama a Sánchez medidas para favorecer las transiciones hacia los contratos indefinidos, entre ellos la simplificación de los incentivos de contratación. También apuesta por mejorar la calidad de los servicios públicos de empleo. Sobre la intención de derogar la reforma laboral de Rajoy, Bruselas pide que se preserven los logros del modelo anterior.

5. Ayudas sociales

La crisis aumentará la pobreza y la exclusión social en España. En la actualidad, las ayudas para parados de larga duración y para los que no tienen derecho a prestación contributiva están dispersas en múltiples planes, lo que resulta en un bajo nivel de cobertura. 

La Unión Europea reclama mejorar la cobertura y la eficiencia de los sistemas de renta mínima y ayuda a las familias. En Bruselas ven con buenos ojos el ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el Gobierno de Sánchez, pero avisan de que no puede financiarse con las ayudas del nuevo fondo anticrisis. 

6. Pacto para la educación

La Covid-19 ha demostrado la necesidad de reforzar la digitalización en el sistema educativo. Antes de la crisis, sólo la mitad de las escuelas españolas tenían plataformas de aprendizaje digital, con importantes disparidades entre regiones.

El nuevo plan obliga al Gobierno de Sánchez a un gran pacto para la educación que garantice que todos los estudiantes se benefician del acceso al aprendizaje digital, incluidos los que viven en áreas rurales o en hogares vulnerables. Bruselas quiere una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social que adapte la oferta educativa al mercado laboral. 

7. Unidad de mercado

La fragmentación del mercado español en comunidades autónomas aumenta los costes y limita la movilidad geográfica de compañías y trabajadores, según la Unión Europea. Su recomendación a Sánchez es aplicar la ley de Unidad de Mercado que aprobó Rajoy.

También le instan a suprimir las restricciones a profesiones reguladas como ingenieros civiles, arquitectos o servicios informáticos y legales, y una coordinación más fuerte y de manera sostenible entre los diferentes niveles de Gobierno para hacer que las políticas para facilitar la recuperación sean más eficaces. 

8. Energía y cambio climático

Algunas zonas de España están muy expuestas al cambio climático, al estar sus recursos hídricos sometidos a presiones que requieren más inversión en infraestructura para mejorar la gestión del agua.

Según las recomendaciones de la UE, la reducción del consumo energético en los edificios y el desarrollo de redes energéticas inteligentes contribuirán a gestionar mejor la demanda. También deben realizarse mayores esfuerzos para promover el transporte sostenible y la economía circular, dicen desde Bruselas.

9. Más gasto en I+D

Bruselas lleva años advirtiendo que los resultados de España en innovación se ven frenados por la poca inversión en investigación y desarrollo. El gasto en I+D del sector empresarial en España alcanza solo la mitad de la media de la Unión Europea.

Las disparidades regionales y el bajo índice de ejecución del presupuesto público dedicado a la investigación y el desarrollo agravan la situación. La UE reclama al Gobierno de Sánchez hacer las inversiones necesarias para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes, ayudando a su crecimiento y digitalización para aumentar la competitividad en el mercado.

10. Tren de mercancías

El carácter incompleto de las conexiones de transporte de mercancías por ferrocarril y la integración limitada en los mercados de electricidad y gas de la UE también impiden que España se beneficie plenamente del mercado único de la UE.

Por ese motivo, la Unión Europea fuerza a España a seguir invirtiendo en interconexiones eléctricas con el resto de los países para alcanzar al menos un 10% de su capacidad instalada de producción eléctrica. También son necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril en el transporte de mercancías.