Pedro Sánchez durante una comparecencia de prensa en la Moncloa

El Gobierno ya tiene claro cómo será la reforma de las pensiones en España

Bruselas ha aceptado excluir del plan la ampliación de la base de cálculo a 35 años que supondría un recorte

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha tomado las decisiones más importantes sobre el futuro de las pensiones en España. En el apartado de la reforma de las pensiones que mandará el 31 de marzo a Bruselas, no incluirá la ampliación a 35 años de la base de cálculo de la jubilación, que era la medida más polémica del «plan Escrivá».

El Gobierno sigue negociando con la Comisión Europea el Plan de Inversiones y Reformas que permitirá que España reciba los primeros millones de los fondos europeos. En la primera criba, Bruselas ha aceptado excluir la medida más polémica sobre el futuro de las pensiones.

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Desde que se aprobaron los 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación para España, Europa exigió como contrapartida reformas en las pensiones y el mercado laboral. El ministerio de Seguridad Social respondió con un ambicioso plan que incluía una ampliación de la base de cálculo de 25 a 35 años que, según sus previsiones, supondría un recorte de hasta el 6% en la media de las pensiones.

El ministro, José Luis Escrivá, negó en un primer momento esta propuesta, pero un documento oculto demostraba lo contrario. Las negociaciones que llevan a cabo la vicepresidente tercera, Nadia Calviño, y el ministerio de Hacienda con Bruselas han llegado a un primer punto de acuerdo que excluye la parte más agresiva de la reforma planteada por Escrivá.

En un primer borrador, el Gobierno había incluido de forma ambigua la posibilidad de aumentar el período de cálculo de forma progresiva. La propuesta de Escrivá de que se ampliara 10 años chocó frontalmente con el sector del Gobierno liderado por Pablo Iglesias y Podemos, y ante el riesgo de una fractura interna, Sánchez ha decidido excluir la medida del plan.

Bruselas pide 'datos concretos'

Ahora, la comisión encargada está explicando al Ejecutivo europeo cómo serán las reformas en España en los próximos años. Bruselas está metiendo presión al Gobierno para que cambie algunos de los puntos del plan, pero en el tema concreto de las pensiones ha dado su visto bueno provisional para la presentación del documento definitivo, el 31 de marzo.

Esto permitirá desbloquear los 140.000 millones que le tocan a España de los fondos de recuperación por la crisis del coronavirus.

Sobre el punto de las pensiones, Bruselas prefiere no entrar en detalles sobre si serán 25 o 35 años. Esto ha permitido eliminar una medida que estaba causando mucho conflicto en el seno del propio Gobierno. A cambio, la Comisión quiere conocer «con todo lujo de detalles» las cifras de las reformas y los contenidos de todo el plan. Quiere asegurarse así de que todos los puntos tienen una conexión clara, y que es un plan coherente y viable.

Tras presentar el documento a finales de marzo, el Gobierno quiere llevarlo al Congreso de los Diputados para someterlo a debate. Sánchez y los suyos creen que será la pieza clave de la transformación de la sociedad española los próximos años, y por eso quiere abrirlo al resto de fuerzas políticas y agentes sociales. En las próximas semanas, Calviño y Sánchez darán más información sobre las negociaciones tanto a la comisión parlamentaria como en el hemiciclo.

El dinero llegará a medida que se apliquen las reformas

El pasado 12 de febrero, el Consejo Europeo dio luz verde al Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que establece las reglas con las que se articulan las ayudas a todos los países. En su parte más relevante, informa que «en el caso que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera».

Pero también advierte que ante una evaluación negativa, se suspende parte o la totalidad del pago de forma inmediata. El país afectado puede entonces presentar alegaciones. «Cuando el Estado miembro haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspención, la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera», prosigue. Por lo tanto, se trata de un mecanismo duro que puede llevar a los países a perder parte de las ayudas.

Mientras, en España Pedro Sanchez ha dado indicaciones a sus ministros para que todo se haga de acuerdo con los agentes sociales. Algo que Bruselas ve con buenos ojos, porque permitirá tomar decisiones a largo plazo y menos ligadas al Gobierno de turno. Por otro lado, el Gobierno español ha optado por un férreo control del reparto de las ayudas entre las comunidades autónomas. Ahora solo queda esperar que llegue el dinero: el Consejo Europeo desbloqueará las ayudas a medida que los países vayan cumpliendo con las reformas que presentan por escrito y que han sido previamente aprobadas en Europa.