La alternativa al estado de alarma: la ley General de Salud Pública: Lo que permite

Algunos expertos constitucionalistas han explicado las alternativas al estado de alarma y señalan la diferencia entre la aplicación del ordenamiento jurídico ordinario y el estado de alarma.

El Gobierno español ha planteado desde el principio su intención de prorrogar sucesivos estados de alarma durante la transición hacia la 'nueva normalidad'.

La última prórroga apoyada de forma 'in extremis' por Ciudadanos y PNV ha permitido continuar en esta situación de excepcionalidad, al menos, hasta el 24 de mayo. 

El Gobierno asegura no tener plan B

Sin embargo, debido a la falta de apoyos, el Ejecutivo no puede garantizar una nueva prórroga y podría verse en la situación de cambiar de planes durante la desescalada.

A pesar de que la única alternativa planteada por el Gobierno hasta el momento ha sido la del «caos», llegando el propio presidente a asegurar que  «no hay plan B, el único plan es el estado de alarma».

No obstante, alguno expertos constitucionalistas han explicado al periódico 'La Razón'  las distintas alternativas al estado de alarma, unas opciones válidas que garantizarían el control de la enfermedad.

Los expertos apuntan hacia dos leyes  que podrían ayudar a coordinar el país durante la desescalada en cuanto al ámbito sanitario.

Ley General de Salud Pública

La primera se trata de la Ley General de Salud Pública, cuyo ámbito de aplicación, según los expertos, encaja a la perfección en el escenario actual de pandemia.

Entre las medidas que se pueden llevar a cabo se encuentran muchas de las realizadas durante el estado de alarma: inmovilización y el decomiso de productos y sustancias, intervención de medios materiales o personales, cierre de instalaciones, establecimientos, servicios e industrias o suspender el ejercicio de actividades. 

Sin embargo, hay un aspecto que limitaría la actuación del Estado ya que dispone, que bajo esta norma debe «respetar el principio de proporcionalidad» entre las comunidades.

Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública

La Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública es una normativa de tan solo cuatro artículos centra su ámbito de aplicación en las «enfermedades transmisibles»  y habilita a las autoridades sanitarias competentes para realizar las acciones preventivas generales. 

La normativa permite adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Ambas leyes de salud pública podrían coordinarse con la Ley General de Protección Civil  para asuntos relacionados con el orden público, según explica el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos,  Juan Manuel Vera. 

Diferencias entre las leyes ordinarias y el estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mantenido firme en la necesidad de prorrogar el estado de alarma para garantizar una salida del confinamiento segura y las ayudas económicas a las empresas. 

En cuanto a la primera, los expertos coinciden en que la aplicación de la normativa ordinaria impedirá un confinamiento tal y como está concebido en la actualidad. Las restricciones de movimiento y los límites a las diferentes decisiones empresariales serían  más difíciles de aplicar  en este contexto.

Sin embargo, en cuanto a las ayudas económicas, la vigencia de la aplicación de los ERTE se podría ampliar fácilmente mediante la redacción de otro  Real Decreto Ley, según señalaba Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Cardenal Cisneros. 

Fernandes también añade una tercera opción:  tramitar una Ley Orgánica por vía de urgencia, lo que supondría cerrar un gran acuerdo con la oposición. 

De esta forma, los expertos consultados por la 'La Razón' apuntan a que la principal diferencia entre aplicar el orden jurídico ordinario y mantener el estado de alarma se debe a que la primera requiere una mayor cooperación del Gobierno con las Comunidades Autónomas y con la oposición.